El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, Luis Salaya, ha calificado de "asunto turbio" y "feo" la gestión de los apartamentos del campus universitario y pide explicaciones al Gobierno local de cuál es la situación de la empresa concesionaria, AdomiSacor, a la que se le ha prorrogado el contrato a pesar de haber detectado "irregularidades", como deudas e incumplimientos en el mantenimiento de las instalaciones, entre otros.

Al respecto, se ha sabido que la Universidad de Extremadura (UEx), en virtud del convenio de colaboración para la construcción y la puesta a disposición de los apartamentos para estudiantes universitarios, ha reclamado al Ayuntamiento, por vía judicial, la cantidad de 143.017 euros por gastos de consumo eléctrico.

Según el escrito presentado en la Audiencia Nacional, la universidad extremeña se atiene a la cláusula octava del convenio por la cual el ayuntamiento se compromete, a través de un organismo de gestión, a administrar la conservación y el funcionamiento de los apartamentos. Desde 2008, la UEx ha soportado el pago del consumo eléctrico y el importe asciende a la cantidad que reclama, ya que ese gasto de luz sí se ha cobrado a los usuarios por parte de la empresa "sin justificar las cantidades y sin darles ningún tipo de información".

Además, según ha explicado la concejala socialista Belén Fernández, en una rueda de prensa celebrada este viernes junto a Salaya, la empresa adeuda al ayuntamiento la cantidad de 6.290 euros, una cantidad que ya se le ha reclamado. A pesar de ello, se le ha vuelto a prorrogar el contrato hasta final de curso, por lo que la empresa lleva ya 10 años gestionando los apartamentos universitarios desde que se le adjudicó su explotación en enero de 2007.

Y aquí es donde los socialistas hablan de "asunto turbio" ya que, según han explicado, la empresa que los gestiona está administrada por Juan Saponi, hermano del que fuera alcalde de la ciudad, José María Saponi, cuando se adjudicó la gestión, que se hizo por procedimiento negociado y solo concurrió la citada empresa que debía encargarse de la gestión por cinco años con posibilidad de prórrogas anuales hasta un total de diez, como así ha sido.

"Nos preocupa la pasividad de esta empresa y la falta de explicaciones del ayuntamiento", subrayó Salaya que insiste en que en todo esto "hay cosas raras" y, aunque los socialistas no hablan de un posible trato de favor a la empresa por parte del ayuntamiento, sí creen que "otra empresa no estaría en esta situación", apunta la concejala Belén Fernández, en alusión a las deudas que tiene con la administración y la propia universidad.

Por toda esta concatenación de hechos, el PSOE pidió hace meses al Consistorio cacereño que se abriera un expediente para informar de la situación de la empresa y la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, explicó en una comisión que ya se había abierto, algo que, no se ha producido todavía, por lo que piden que se depuren responsabilidades ante los reiterados incumplimientos de la empresa.

Aparte de no haber abierto el expediente, se ha prorrogado el contrato que cumple a final de curso, algo que a Salaya y Fernández les parece "muy grave". Cuando se cumpla, la idea es sacar un nuevo concurso con una concesión demanial ya que el Consistorio considera que no se trata de una competencia local, pero el "problema" es que el edificio, que cuenta con unos 60 apartamentos, no tiene licencia de actividad y necesita una serie de obras para adaptar el inmueble a la normativa vigente, las cuales deberán correr a cargo de la empresa que se haga cargo de ellos.

"De momento, vamos a esperar a que se pronuncie el ayuntamiento sobre todo esto y luego no descartamos otras medidas", señaló el portavoz socialista que insiste en que "se deben depurar responsabilidades", al tiempo que recuerda que todo este asunto ha salido a la luz por una denuncia del Grupo Socialista.

Cabe recordar que en julio de 2016 el PSOE pidió que se les ratificara que dicha empresa había presentado los certificados de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social en todas las renovaciones del contrato, algo que no ha sucedido en ninguna de las prórrogas.

Además, los usuarios denunciaron que no había los seguros mínimos como los que dan cobertura a robos, así como el mantenimiento de las instalaciones y que había también retrasos en la devolución de las fianzas a los estudiantes. Por todo ello, el PSOE espera que finalmente se abra un expediente a la empresa y se investiguen los posibles incumplimientos en la contrata.