Culminar la herida de la riada de Badajoz es lo que pide el PSOE porque acumula 22 años y quedan 18 millones por invertir, según fuentes municipales, más del doble de lo que ha gastado el Ayuntamiento de Badajoz a día de hoy (alrededor de 8,5 millones de euros, por 50 millones de la Junta de Extremadura y 60 millones de euros del Estado).

Con estas inversiones es lógico y es una vergüenza que se tarde tanto tiempo. Ya no aparece en el anexo de inversiones del presupuesto municipal desde 2017 la adquisición de viviendas afectadas por la riada. Lo explicaba muy bien a los medios en 2010 la entonces concejala Rosario Gómez de la Peña: “Al ayuntamiento le viene bien que los propietarios vayan cediendo poco a poco para que se pueda ir asimilando el coste económico que supone la recuperación de esta zona. No hay dinero para acelerar el proceso”. Parece ser que no hubo dinero suficiente en los 22 años transcurridos y lo cierto y verdad es que la herida sigue abierta. Para Cabezas “el equipo del PP ha invertido muy poco cada año, a pesar de presumir siempre de remanente de tesorería, y han preferido aplicar esa lentitud de inversión en la zona de la riada, mientras sí lo hacían en otros puntos de la ciudad, menos necesitados, pero más gratificantes a sus intereses electorales”.

En su programa electoral del pasado mayo, el PSOE se comprometía a acabar con las heridas de la riada. El Grupo Socialista considera que es el momento de actuar de forma contundente sin más engaños a los vecinos. Para ello propone crear una plataforma de seguimiento para la Gestión del Área de Rehabilitación Preferente de las zonas pendientes de recuperar de la riada (que incluiría acudir al Tribunal de Justiprecio cuando no se llegue a acuerdo); también ejecutar a la mayor brevedad el Planeamiento de la zona, aprobado desde hace mucho tiempo; y, finalmente, establecer la financiación necesaria con la ayuda de otras administraciones para llevar a buen término las actuaciones urbanísticas previstas.

El Grupo Socialista ve con buenos ojos que otras administraciones participen en la financiación, pero exigen un calendario definitivo.