El Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia de Badajoz, Promedio, ha puesto en marcha un nuevo servicio de recogida de residuos de construcción y demolición (RCDs) con el que se pretende aportar una solución de tratamiento de estos materiales y evitar que acaben en vías públicas o entornos naturales.

   Se trata de una iniciativa que surge gracias a la cofinanciación por parte de la Diputación de Badajoz con 1,2 millones de euros y contempla la puesta a disposición de contenedores específicos en cada municipio adherido al servicio para facilitar el acopio de los restos de obras menores, garantizando su posterior retirada y tratamiento.

   Según explica la técnico encargada de la gestión del servicio, Olga Benítez, este servicio “nace como respuesta a la necesidad de los ayuntamientos dentro de sus competencias de retirar, tratar y reciclar escombros de obras menores de forma segura, mediante un modelo agrupado que ha funcionado en otras actividades como la depuración de aguas residuales o la recogida de residuos urbanos“.

   En total son 70 localidades las que se han sumado inicialmente a este servicio, llegando a más de 145.000 habitantes. Los ayuntamientos tienen derecho a un mínimo de 12 recogidas de bateas llenas de RCD al año para entidades con mil habitantes o menos, incrementándose el número a razón de una recogida más al mes por cada tramo de uno a mil habitantes más. Es decir, en el caso de Los Santos de Maimona, por ejemplo, podrían llenarse hasta 108 contenedores en cada anualidad en las condiciones establecidas en los convenios para la prestación de este servicio.

    “Queremos que los ciudadanos adquieran el hábito de llevar sus escombros a un único punto para facilitar su reciclaje y erradicar esos montones y acumulaciones de restos de obras en caminos y parajes naturales”, subraya Benítez.

   La ubicación de los contenedores depende de cada localidad. En algunas se encuentran dentro del punto limpio municipal, otras en recintos cerrados, si bien siempre se recomienda que se trate de lugares vigilados o controlados de alguna manera para evitar malas prácticas.

   Cuando el contenedor está lleno, el ayuntamiento avisa a los técnicos de Promedio que ponen en marcha la logística para la recogida en un máximo de 72 horas. El transportista llevará los residuos a plantas de tratamiento autorizadas que emitirán un documento para certificar su correcta gestión, clasificándolos para valorización o eliminación, dependiendo del tipo y calidad del material que se haya recogido.

   De forma global, el servicio tiene un coste anual de casi 640.000 euros y un horizonte de cuatro años, por lo que la inversión global de la institución provincial y los ayuntamientos en esta iniciativa alcanzaría los 2,5 millones hasta 2021.