Los ministros de los 28 estados miembros de la UE se han vuelto a reunir hoy, en esta ocasión en Luxemburgo para, entre otras cuestiones, debatir la propuesta de directiva que pretende hacer frente a los problemas derivados de las prácticas comerciales desleales que se producen en la cadena de suministro de alimentos.
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García, y la directora general de la PAC, Yolanda García Seco, han asistido al Consejo en representación de todas las comunidades autónomas formando parte de la delegación española, y han contado con el apoyo de la Oficina de Extremadura en Bruselas.
Begoña García se ha mostrado a favor de una mayor regulación de la cadena alimentaria porque ‘’los agricultores han pasado de un sistema de apoyo a los precios a un mercado libre en el que faltan controles que protejan al eslabón más débil’’.
Esta legislación es, a su juicio, un primer paso, pero deberían mejorarse algunos puntos. Entre ellos, las relaciones comerciales para todos los productos alimentarios, no sólo para los productos frescos, e incorporar a todas las ventas entre empresas, también en las de un tamaño similar donde pueden producirse abusos. Por tanto, ‘’se debe seguir trabajando para incorporar más aspectos a esta directiva, ampliar el número de prácticas comerciales desleales y la frenar las posiciones de dominio de algunos operadores comerciales’’.
El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha presentado en nombre del Ejecutivo comunitario esta iniciativa a los responsables de agricultura de los 28 Estados miembros, cuyo proyecto legislativo, destaca la preocupación existente por la vulnerabilidad de los agricultores e introduce posibles soluciones que permitan mejorar su situación. Además, la propuesta plantea un reparto más justo y equitativo de los riesgos. El objetivo es que todos los participantes en la cadena de suministro puedan disfrutar de las ventajas, pero siempre y cuando también se asuman los riesgos.
Entre otras cuestiones, se pretenden aprobar una lista de prácticas comerciales prohibidas como el retraso en los pagos o la modificación de los precios. Además, se trata de mejorar la coordinación de los Estados Miembros en materia de protección de la cadena alimentaria y el establecimiento de un sistema de denuncias basado en la confidencialidad.
Por otro lado, los 28 han podido evaluar la situación actual en relación con la gestión de la pérdida y desperdicios de alimentos, después de que en junio de 2016 se adoptaran unas conclusiones del Consejo en las que se presentaban una serie de iniciativas destinadas a hacer frente a este problema.
Asimismo, durante la sesión también se ha informado sobre otros asuntos como el papel de la fauna silvestre en la gestión de la sanidad animal y la peste porcina africana, así como los puntos de pesca incluidos en el orden del día, cuya coordinación autonómica asume durante este semestre la Comunidad Valenciana.