El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha exigido la actuación inmediata de la Junta para rescindir el contrato del transporte sanitario terrestre ante las irregularidades y abusos continuados por parte de la empresa adjudicataria, Ambulancias Tenorio. La portavoz del GPP, Cristina Teniente, se ha referido al “atropello de derechos” a los trabajadores de la empresa, lo que obliga de nuevo a los ‘populares’ a denunciar la situación y “decir basta”.

Teniente se ha referido al acta de infracción de la inspección de trabajo conocido ayer, y que acreditaba la identificación de, al menos, 73 contratos fraudulentos. El GPP se pregunta si Fernández Vara tiene algo que decir ante esto porque, se dice textualmente que la modalidad contractual empleada por la empresa ha sido “fraudulenta”, con vulneración de lo establecido en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, el informe viene a confirmar que el objetivo del fraude era eludir salarios y cotizaciones a la Seguridad Social y, por tanto, afecta a los derechos de los trabajadores y al interés general de los extremeños. El PP ha criticado la complicidad de la Junta ante estos abusos. Para el PP, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, “recién ascendido a vicepresidente”, tendrá que decir y hacer algo porque la acumulación de irregularidades es “insultante”.

Teniente ha recordado el “fiasco” del contrato de mayor cuantía de la anterior legislatura, que también es el de mayor impacto social y laboral, y que obliga a seguir denunciando una situación “insostenible e insoportable” para los trabajadores, para los pacientes y para la prestación de un servicio que tiene que ser impecable porque estamos jugando con la vida de los extremeños, a los que les ha costado 122 millones de euros. “Cada día, un episodio más en esta pesadilla en la que se ha convertido el transporte sanitario”, ha dicho Teniente.

El GPP ha rechazado la paciencia infinita de la Administración regional, que no está defendiendo a los trabajadores defraudados y a la Seguridad Social defraudada, y mientras actúa como comercial del empresario defraudador. Mientras, las élites sindicales están calladas ante la sucesión de contratos en prácticas para no pagar lo que corresponde, con jornadas inhumanas, despidos improcedentes y el riesgo para la vida de muchas personas.

Por último, la portavoz del GPP ha señalado que las mayorías absolutas “no pueden pisotear derechos ni amparar el fraude”. Además, ha asegurado que el PP va a exigir “pleno a pleno, día a día” el detalle de hasta el último céntimo de esos 122 millones de euros que han ido a la empresa Tenorio. También, ha recordado que las conclusiones de la comisión de investigación ya hablaban de posibles delitos, y que hay un procedimiento en Fiscalía que está admitido a trámite.