OFERTABAN A TRAVéS DE LAS REDES SOCIALES, LA VENTA Y REALIZACIóN DE LOS TEST DE DIAGNóSTICO
Investigada una empresa por hacer test de detección de COVID-19 de forma ilegal, a una treintena de pacenses
Se desplazaban hasta los domicilios y sedes empresariales, donde las realizaban y comunicaban “in situ” el resultado
La Guardia Civil de Badajoz, con la colaboración de la Policía Local de Talavera la Real, instruyeron diligencias como investigados al administrador, al gerente y dos trabajadores de una empresa de Villanueva de la Serena, como presuntos autores de los delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional al comercializar y realizar test de detección de COVID19 sin autorización sanitaria y requisitos legales.
La operación se inició cuando a finales del pasado mes de diciembre, los agentes tuvieron conocimiento de que esta empresa estaba ofertando y realizando test de diagnóstico de detección de COVID-19 en domicilios y empresas de ese municipio.
Con esta información, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Badajoz, realizó gestiones e indagaciones con las que pudieron averiguar, que la citada empresa tras adquirir estos productos sanitarios a través de Internet, los ofertaba en redes sociales tanto para su venta directa como para la realización de los test a particulares y trabajadores de empresas pacenses.
Además, se pudo averiguar que la realización de las pruebas de diagnóstico de detección de coronavirus, eran efectuadas por personas no cualificadas sin la debida autorización sanitaria y demás requisitos legales habilitantes para hacerlo. Se desplazaban hasta sus domicilios o sedes empresariales donde realizaban los test, sin ninguna medida de seguridad preventiva e higiénico-sanitaria, tanto del lugar como del personal que las practicaba.
Actividad ilícita, con la que consiguieron estafar a una treintena de pacenses de diferentes municipios, a los que cobraron entre 40 y 70 euros por cada servicio prestado.
Esta cuantía económica era siempre percibida en dinero efectivo sin facturación, comunicando “in situ” y de forma verbal los resultados obtenidos, sin extender certificado o documento que refleje caso de ser positivo o negativo y los medios o productos empleados, con la consecuente deficiencia en las garantías sanitarias.
En alguna ocasión y ante la insistencia de algún cliente, extendieron un documento a modo de certificación carente de validez, donde no se reflejaba la acreditación facultativa médica.
Con todas las pruebas incriminatorias, se identificó e instruyo diligencias como investigados al administrador, al gerente y a dos de los empleados de la empresa, como presuntos autores de los delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional y pertenencia a grupo delictivo.
Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz.
