Cáceres, 01  de julio de 2021. Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Delitos contra las Personas-Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres, han desarticulado una organización criminal, llevando a cabo la detención de 7 personas, y la investigación de una más, en distintas provincias de España. Se les atribuye la presunta comisión de los delitos de amenazas, extorsión, contra la libertad e indemnidad sexual (prostitución), blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se han practicado 5 registros domiciliarios en las localidades de Madrid, Algeciras, Alicante y Valencia, en los que se han intervenido dispositivos de almacenamiento digital, teléfonos móviles y equipos informáticos.

 LOS HECHOS

 La investigación se inició hace más de un año, tras la interposición de varias denuncias ante la Guardia Civil de Cáceres, por la supuesta extorsión que sus denunciantes venían sufriendo por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes de audio, efectuadas a través de una conocida aplicación de mensajería, con el nexo en común entre ellas de que se habían producido tras visitar un portal Web de contactos para contratar servicios sexuales.

 En estas amenazas se incluían imágenes de armas de fuego, lo que llevó a sus receptores a temer por su seguridad e integridad, e incluso por la de sus propias familias.

 Fase de investigación / Niveles de la Organización Criminal

Durante el curso de la investigación, los agentes han podido acreditar la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada, que contaba con diferentes niveles jerarquizados, teniendo en un primer escalón a las “OPERADORAS”, formado por mujeres que vigilaban a las prostitutas, y ejercían un control coactivo sobre ellas, que iba desde fijar los servicios sexuales que debían realizar hasta el tiempo de duración y precio-tarifa de los mismos. Además, gestionaban directamente los anuncios del portal Web de contactos, aprovechándose de la posición de superioridad que les brindaba la precaria  situación personal y económica de las mujeres o incluso su estancia irregular en el país, quienes eran reubicadas periódicamente por los diferentes pisos de los que disponía la organización.

 Otro nivel se encontraba formado por hombres quienes, tras el concierto de la cita entre OPERADORA/cliente o después de que, tras alguna discrepancia entre cliente/mujer, no se llevara a efecto el servicio sexual, actuaban mediante la extorsión, al exigir una compensación económica por el tiempo empleado y la no disponibilidad que había tenido la mujer para continuar prestando servicio a otros clientes.

 Un tercer nivel estaba dedicado al blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos, estando constituido por las denominadas “MULAS”, que eran personas contratadas para operar como titulares de las diferentes cuentas bancarias donde las víctimas ingresaban las cuantías económicas y, una vez se recibía el pago, extraían el dinero que era enviado a otras cuentas. Finalmente, y en un escalón superior, se encontraba al que se referían como “JEFE”.

 Para hacer más creíbles las amenazas, los extorsionadores elaboraban un perfil sobre las víctimas a través de la información que les facilitaban las prostitutas y las operadoras, haciéndoles creer que tenían sus datos personales, direcciones de trabajo, así como sobre los contactos sexuales mantenidos, llegando a “negociar” los pagos que tenían que realizar las víctimas, en unos casos, o exigiendo abonos sucesivos en otros, habiendo llegado a obtener hasta 12.000 euros de una sola víctima.

 Durante el desarrollo de la operación, los investigadores han analizado numerosos anuncios en el portal Web de contactos, cuentas de correo electrónico, movimientos de cuentas bancarias de diferentes entidades,  concluyendo, durante el periodo investigado, que el grupo criminal habría obtenido unos beneficios económicos superiores a los 800.000 €, blanqueando este dinero en distintas operativas de movimientos de fondos, para lo cual realizaban transferencias internacionales a distintos países.

 A la investigación, en la que han podido ser identificadas cerca de cien (100) víctimas, se añadió la dificultad de que muchas de ellas no deseaban interponer denuncia, realizando los pagos por temor a que su familia y entorno cercano fueran conocedores de que contrataban este tipo de servicios.

 Las investigaciones realizadas han permitido poner de manifiesto el “Modus Operandi” bajo el cual operaba la organización, consistente en realizar amenazas y extorsiones, una vez que sus víctimas contactaban para obtener servicios sexuales, a través de la página Web de contactos; explotar sexualmente a las mujeres que se publicitaban en dicha Web, mediante el control de su actividad sexual y de los diferentes pisos que la organización alquilaba por toda la geografía nacional, y blanquear los beneficios obtenidos, incluso a nivel internacional, transformando esas ganancias en diferentes productos para ocultar y encubrir su origen ilícito.

 Fase de explotación de la operación

 Finalizada la investigación y con el análisis de toda la información obtenida, durante los meses de abril, mayo y junio de 2021, se procedió, en dos fases, a la explotación de la denominada “Operación CALLCENTER”, instruyendo las correspondientes diligencias por la presunta comisión de los delitos de amenazas, extorsión, contra la libertad e indemnidad sexual (prostitución), blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

 Bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cáceres, se han practicado un total de cinco (5) entradas y registros en domicilios situados en Madrid, Algeciras, Alicante y Valencia. En ellos han sido intervenidos dispositivos de almacenamiento digital de datos, 9 teléfonos móviles y 7 equipos informáticos; practicándose la detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial de siete (7) personas, y la investigación de otra más, así como el embargo y bloqueo preventivo de las cuentas y productos financieros relacionados con la Organización Criminal, habiéndose decretado prisión provisional para tres de los detenidos.