Cáceres, 16 de septiembre de 2021.- La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cáceres tuvo que incoar, en 2020, un 20 por ciento menos de diligencias que en 2019, previsiblemente debido a la limitación de movilidad y a otras restricciones durante el confinamiento y el estado de alarma.

Durante 2020, fueron significativas las diligencias de investigación abiertas contra 8 residencias de mayores, 6 de las cuales, entre ellas, de Plasencia, Garrovillas de Alcónétar, Deleitosa y Valencia de Alcántara quedaron archivadas, siendo todavía investigada la denuncia interpuesta contra la de El Cuartillo de Cáceres, y la demanda que interpuso la residencia La Hacienda de Cáceres contra el Servicio Extremeño de Salud (SES) por meter en las abulancias a mayores enfermos de Covid con otros que no estaban contagiados.

Así lo ha destacado hoy la fiscal jefe provincial, Marta Abellán, que indicó que la mayoría de las denuncias contra las residencias de mayores fueron por homicidio imprudente por negligencia o por abandono, que han sido muy complicadas de investigar porque en marzo de 2020, “no había protocolos de actuación no se sabía nada, y no se podía exigir el cumplimiento de lo que no se sabía”.

Abellán señaló que la Fiscalía tuvo que ponerse en el papel de analizar cuestiones como “si se había cometido negligencia o no por no trasladar a ancianos a los hospitales cuando allí había cientos de contagiados”.

La fiscal jefe de Cáceres manifestó que, a pesar del confinamiento, todos los fiscales, desde sus casas, han estado trabajando y manteniendo reuniones telemáticas, una veces con carácter general, y otras de manera individualizada con las residencias de mayores, con el fin de hacer un seguimiento pormenorizado de la situación que se vivía en las mismas. Recordemos que la provincia de Cáceres fue una en la que más azotó el coronavirus en los centros de mayores de toda España.

En cuanto a otro tipo de diligencias, Abellán ha hecho un repaso por los delitos más graves, entre ellos, los delitos contra la vida, de los que la Fiscalía intervino en cuatro delitos de homicidio imprudente, en dos dolosos y un asesinato, frente a 2019, año en el que se incoaron diligencias por 8 homicidios imprudentes.

También se han reducido los delitos de lesiones, interviniendo la Fiscalía Provincial en, 2020, en 258 diligencias, de las que un 52 por ciento, es decir, 134 fueron por violencia de género y doméstica “una cifra que me parece muy alta”, dijo la fiscal. Si bien es cierto, que, en 2019, los casos de violencia de genero supusieron el 71 por ciento de los delitos de lesiones, lo que pone de manifiesto, dijo, “que durante el confinamiento se pusieron menos denuncias, no que se produjeran menos casos”.

En cuanto a los datos exclusivos de violencia de género, el año pasado, se incoaron 95 diligencias, de ellas 25 con carácter urgente, y se dictaron 191 medidas de protección y 29 medidas de prisión. El número de diligencias fue inferior a 2019, año en el que se intervino en 225.

El único dato positivo dentro de este tipo de delitos es que, en 2020, no se tuvo que lamentar la muerte de ninguna mujer a manos de su pareja.

Abellán destacó la importante actividad de la fiscalía contra la violencia de género y señaló que, de hecho, un informe del Consejo General del Poder Judicial señala a Extremadura como la región que más sentencias condenatorias tiene en relación al número de casos.

En relación, a los delitos contra la libertad sexual, la fiscalía intervino en 14 casos, frente a los 25 de 2019, de las que 5 fueron graves, por violaciones, agresiones sexuales o abuso a menores con contacto carnal.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio se intervino en 253 casos, frente a los 316 de 2019, lo que supone un 20 por ciento menos, y hubo 224 sentencias condenatorias, menos que, el año anterior, que fueron 273.

Abellán se refirió también a los delitos contra la administración, fundamentalmente a los de prevaricación, fraude y malversación, y señaló que en la calle hay una percepción equivocada sobre la actuación de la administración, ya que tan sólo se presentaron 5 denuncias, lo que supone un 0,5 por ciento del total de diligencias incoadas por la fiscalía.

La fiscal provincial, a preguntas de los periodistas sobre la situación de las dos menores, escolarizadas en el CEIP Alba Plata de Cáceres, a donde no pueden acudir porque sus padres se niegan a que vayan con mascarillas, señaló que no disponen de datos para poder opinar sobre la situación, pero dejó claro que la fiscalía siempre velará por los intereses y los derechos fundamentales de las menores, entre los que se encuentra el derecho a la educación.

Marta Abellán ha hecho estas declaraciones con motivo de la presentación de la Memoria Fiscal de 2020 en rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por la teniente fiscal de Cáceres y fiscal de menores, Yolanda Forte.