Jueces, magistrados y magistradas, así como letrados y letradas se han sentado hoy como alumnos en el curso titulado “Encuentro alrededor del derecho penal y del derecho administrativo en el ámbito local”, organizado por la Diputación de Cáceres en el marco del convenio firmado con el Consejo General del Poder Judicial. Un convenio con el que se están desarrollando acciones formativas dirigidas a miembros de la carrera judicial y al personal de la diputación y de ayuntamientos de la provincia con el fin de “mejorar la prestación del servicio público a la ciudadanía”, tal como ha indicado le presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales.

Morales ha inaugurado el curso acompañado de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; la vocal del CGPJ Inés María Herrero, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y ha indicado la importancia de un encuentro que ayudará a aportar mayor seguridad y confianza a la ciudadanía, a la vez que un importante apoyo a los funcionarios y funcionarias que trabajan en administraciones locales, especialmente al personal de ayuntamientos pequeños.

En este sentido, Morales ha incidido en que “hay entidades locales que no tienen la capacidad técnica ni económica para defenderse, para afrontar retos y problemas graves o problemáticos, como, por ejemplo, en el ámbito del urbanismo, porque es dificilmente entendible que un ayuntamiento de 89 habitantes, como es el más pequeño de la provincia, pueda tener un servicio técnico al respecto”.

De ahí, formaciones como esta que aborda, de cara a la judicatura y personal funcionario y laboral de la administraciones locales, temas como “Las haciendas locales”, “El acoso laboral, sexual y por razón de sexto con trascendencia penal en el ámbito local”, “Procesos selectivos y provisión de puestos en el ámbito local”, “Prevaricación urbanística”, “Transparencia y acceso a la información en el ámbito local” o la ponencia “Comportamientos poco éticos: de las actividades prohibidas a funcionarios públicos, el tráfico de influencias”.

En su intervención, la presidenta del TSJ de Extremadura ha recordado que “el servicio público de justicia va mucho más allá de celebrar juicios y poner sentencia”, debiendo transmitir al ciudadano “una seguridad en sus instituciones, una confianza en el respeto de sus derechos, y esa grandeza de convivencia creo que también se transmite con la organización de cursos como este, que arranca bajo el paraguas del convenio de dos instituciones que confluyen en intereses para repercutirlo en el ciudadano”.

El convenio, que se firmó en mayo de este año, entre el presidente de la Diputación de Cáceres y la presidenta del CGPJ, Isabel Perrelló, tiene una vigencia de cuatro años, prorrogables por otros cuatro.