La Junta de Extremadura ha mostrado su apoyo a dicho Plan. La consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, ha valorado los recursos con los que va a contar este plan, así como que se hayan tenido en cuenta a las entidades y organizaciones feministas que trabajan en la prevención de la trata y explotación sexual de mujeres y niños.

Aún así, la consejera ha manifestado la necesidad de que este plan, que tiene por objeto prevenir la explotación sexual en los niños y niñas del sistema de protección, se haga extensible, a corto y medio plazo, al conjunto de la población infantil. “El objetivo es no quedar fuera de estas acciones de protección, intervención y reparación del daño a las niñas y niños víctimas de explotación sexual que estén fuera de este sistema de protección. Este es un gran paso y un buen plan, pero pedimos la necesidad de ampliarlo a toda la población infantil y adolescente”.

Por su parte, desde la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias sostienen la idoneidad de este plan y añaden que algunas de estas actuaciones ya se han iniciado con la generación normativa de un nuevo decreto de acogimiento, con el decreto ley que se está generando para la atención a menores inmigrantes procedentes del conflicto de Ucrania o con actuaciones de campañas de sensibilización ante el maltrato infantil o ante la violencia sexual ejercida contra menores como la campaña ‘Que no me toquen’.

Dicho plan, acordado entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, sienta las bases para implementar una serie de iniciativas para prevenir este tipo de violencia contra la infancia y adolescencia tutelada o acogida por las administraciones, mejorar la atención a las víctimas de explotación sexual, y reforzar estructuralmente al sistema de protección para prevenir que se produzcan en un futuro, con especial atención a las niñas y adolescentes.

Este Plan de Acción tiene como objetivo la erradicación de la explotación sexual a niñas, niños y adolescentes del sistema de protección, e incluye para ello diversas medidas. Entre ellas, la formación especializada en prevención y detección de explotación sexual a todas las personas trabajadoras de los centros residenciales de protección a la infancia de las comunidades autónomas; la elaboración de un protocolo para la prevención, detección precoz e intervención frente a las posibles situaciones de violencia contra la infancia en centros residenciales del sistema de protección. También se centra en la elaboración de una guía común de actuación para la detección, notificación y derivación de casos de explotación sexual contra la infancia en centros residenciales, con especial atención a niñas y adolescentes, además de la creación de servicios especializados de atención y recuperación integral para niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual.

Actualmente, las administraciones públicas son responsables de la seguridad, desarrollo y derechos de 35.608 niños y niñas, de las que 16.9913 están acogidas en centros residenciales del sistema de protección a la infancia y adolescencia.

En Extremadura, el porcentaje de acogimiento familiar y residencial en 2020 era de un 48% de acogimiento residencial y un 52% de acogimiento familiar. En cuanto a la tipología de los centros residenciales, en 2021 en Extremadura había 26 centros con un total de 376 plazas con una media de 14 plazas por centro.