La Audiencia Provincial de Cáceres celebrará desde este viernes, 13 de octubre, un 'macrojuicio' en el que se sentarán en el banquillo un total de 117 personas acusadas de un presunto delito de blanqueo de capitales, a través de una trama para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas en cuentas corrientes en las que, en algunos casos, los titulares eran menores de edad.

Debido a las cifras de acusados, abogados defensores (38), testigos y fuerzas de seguridad, ha sido necesario adecuar el salón de actos de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, en el campus universitario de la capital cacereña, para acoger este juicio multitudinario, que se prevé se alargue durante varios meses.

La vista ha arrancado esta mañana a las 9,30 horas y ha sido necesario realizar obras de adecuación en el salón de actos en las que se han invertido unos 60.000 euros para colocar el estrado y los asientos de los acusados, los abogados y el público.

Entre otras cosas, se ha colocado un arco detector de metales por el que tendrán que pasar todas las personas que accedan a la sala, que estará presidida por los tres magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, que dirige María Félix Tena. También se han colocado unas pantallas para que la prensa pueda seguir el juicio desde una estancia situada sobre el salón con vistas a la sala principal.

En cuanto al caso que se juzga, los hechos ocurrieron entre 2005 y 2014. Los acusados, pertenecientes a varias familias de etnia gitana, proceden la mayoría del barrio de San Lázaro en Plasencia y sobre ellos (la mitad son mujeres) pesa un presunto delito de blanqueo de unos 13 millones de euros procedentes del tráfico de drogas.

Para ello abrían muchas cuentas corrientes con imposiciones a plazo y otros productos bancarios que permanecían operativos unos años y después se cancelaban bien sacando el dinero en efectivo, o mediante traspaso o transferencias a otras cuentas para intentar dificultar el movimiento del dinero. El fiscal podría solicitar para dos de los acusados nueve años y medio de prisión, y para el resto, ocho años de cárcel para cada uno.