La Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad de sus grupos políticos --PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos-- una declaración institucional en la que reclama el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el Sáhara Occidental, y que viene a reclamar a las empresas que europeas, españolas y extremeñas que cesen las actividades que puedan "favorecer a la perpetuación de la ocupación marroquí" en esta zona.

La declaración, que tras ser acordada por los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios ha sido leída por la secretaria segunda de la Asamblea, Francisca Rosa, del Grupo Popular, ha sido aprobada al inicio del Pleno celebrado este jueves, 23 de marzo, en la Cámara autonómica.

La misma, hace referencia al fallo del 21 de diciembre del 2016 del Tribunal de Justicia Europeo referente a que el Sáhara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos, lo cual significa que "ningún acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos es aplicable en el Sáhara Occidental y que no se puede establecer ninguna actividad comercial, ni exportar los recursos naturales del Sáhara Occidental, sin el consentimiento del pueblo saharaui".

Asimismo, subraya que esta sentencia es de obligado cumplimiento por parte de las autoridades europeas y estatales, y por ello es su deber, además de respetarla, darla a conocer a su ciudadanía para su correcta aplicación.

También considera que según la resolución 2285 del Consejo de Seguridad de la ONU de abril de 2016, el logro de una solución política y la mejora de la cooperación entre los Estados del Magreb contribuirán a la estabilidad y la seguridad de la región.

Igualmente remarca que como resultado del "violento conflicto armado" que siguió a la "invasión marroquí" del territorio en 1976, "gran parte de la población se exilió a Argelia, donde viven hasta el día de hoy como refugiados en los campamentos de Tindouf".

Recuerda asimismo que el 26 de febrero de 1976 España puso fin a su presencia en el territorio del Sáhara Occidental, dejando "inconcluso" el proceso de descolonización que ya estaba en curso en el marco de la ONU y afirma que "el Estado Español tiene una responsabilidad histórica, jurídica y moral con el pueblo saharaui".

Por todo ello, el Pleno de la Asamblea de Extremadura llama a que se respete y cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2016 donde se establece que los acuerdos de asociación y liberalización entre Marruecos y la Unión Europea no se aplican al territorio del Sáhara Occidental.

Asimismo, expresa su "preocupación" sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, incluyendo la que ejercen compañías europeas "en contradicción con el derecho internacional y europeo", e insiste en recordar la "ilegalidad de cualquier actividad comercial con el Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo Saharaui".

El parlamente extremeño hace igualmente un llamamiento a compañías europeas, españolas y extremeñas para que actúen de conformidad con el derecho internacional y europeo, de forma que "cesen las actividades que puedan favorecer a la perpetuación de la ocupación marroquí" del Sáhara Occidental y la explotación de sus recursos naturales (como por ejemplo actividades en las áreas de pesca, agricultura, extracción de fosfatos y arena, o energía renovable); y urge a todas las autoridades españolas a implementar la legislación vigente, en base a la reciente sentencia del TJUE.

Además, se suma a la "corriente de solidaridad de la sociedad extremeña que lleva años exigiendo una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable" a través de un referéndum que ponga fin al "conflicto" del Sáhara occidental.

Por último, reitera la importancia de tener unas "relaciones fuertes y plurales" con los vecinos marroquís y subraya que una "solución justa" al conflicto del Sáhara Occidental "permitiría el florecimiento de las relaciones con Marruecos".