Estos planes, que pretenden contribuir a la transformación de la provincia ahondando en los logros del presupuesto de 2017, que por primera vez superó los 200 millones de euros, son los denominados Smart Energía,  Infraestructuras sociosanitarias, Impulso del Vehículo Eléctrico y Movilidad Sostenible y  Dinamiza Extraordinario.

Tras las medidas de marcado carácter social y otras de naturaleza innovadora que se introdujeron entonces, se continúa en 2018 en la misma línea pero tratando de superar los graves problemas que ha ocasionado en la población la reciente crisis económica con el objetivo de preparar una economía sostenible para el futuro de la provincia. En este sentido, Gallardo ha destacado que la Diputación “implementa en estos planes medidas de ahorro energético y movilidad sostenible, buscando dinamismo económico y una economía que incremente el PIB provincial”.

Smart Energía nace dotado con 20,1 millones de euros en las anualidades 2018 y 2019. Financiado con fondos propios, el Área de Desarrollo Sostenible de la Diputación pretende recuperar parte de las inversiones a través del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible para el periodo 2014-2020 con las ayudas FEDER para entidades locales. Como medio para instrumentar estas ayudas, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono. Se contribuye de este modo al desarrollo sostenible y al equilibrio medioambiental, principio básico de la Economía Verde y Circular.  El objetivo, pues, se sustenta en conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de los municipios menores de 20.000 habitantes a través de la mejora de la gestión energética municipal y la reducción de las emisiones derivadas del sector, contribuyendo de esta forma a la lucha contra el cambio climático en la esfera local.

Entre sus acciones estarán la  sustitución de alumbrados públicos en un 30%, la implantación de suministro energético renovable en edificios y estructuras municipales, sistemas avanzados de gestión y contabilidad energéticas y desarrollo de campañas para promocionar la eficiencia energética. 

El Plan se articula en dos subprogramas:  alumbrado inteligente compuesto por 19 actuaciones por un importe total de 13.562.198,36 euros; y mejora de la eficiencia energética y energías renovables en edificios públicos compuesto por un mínimo de 7 actuaciones por un importe de 6.539.453,64 euros.

 

Plan de Infraestructuras sociosanitarias compuesto por dos anualidades, 2018-2019, y dotado con 6,6 millones de euros financiados por la Junta de Extremadura, la  Diputación y los municipios. Cada entidad aporta 2,2 millones con la finalidad de favorecer la equidad en la prestación de servicios a las personas mayores. Por ello trata de incrementar la cobertura residencial para personas dependientes.

Este Plan, ha manifestado Miguel Ángel Gallardo, está dirigido “a las personas con necesidades, sobre todo a nuestros mayores”. Para ello se actuará en ayuntamientos menores de 30.000 habitantes con el Plan Especial de Coordinación Autonómica de Infraestructuras Sociosanitarias para la construcción, ampliación, reforma y equipamiento de centros residenciales y Centros de Día. La Junta publicará las bases reguladoras de las subvenciones, en concurrencia competitiva y seleccionará las actuaciones a realizar. Asimismo, la Diputación establecerá cómo se colabora con los ayuntamientos para llevar a cabo las obras, desde la prestación de asistencia técnica hasta la contratación de obras.

El aumento del porcentaje de población mayor de 65 años en nuestra región, superior al porcentaje correspondiente al resto de España, unido a un notable descenso de la natalidad, pone de manifiesto la gravedad del desafío demográfico en Extremadura, constatándose el proceso generalizado de envejecimiento de la población extremeña. Este proceso, combinado con la excesiva dispersión de los núcleos urbanos, genera una gran dificultad a la hora de articular un sistema eficiente de servicios básicos en materia de bienestar, salud y educación en el mundo rural, que acaba requiriendo del sector público al tratarse de un sistema difícilmente rentable como para articularse mediante iniciativas privadas. En particular, el envejecimiento de la población genera un aumento en la demanda de prestación de servicios públicos vinculados a la atención sanitaria y a la población dependiente.