El alcalde de la localidad pacense de Guadiana, Antonio Pozo, ha advertido de que el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, está llevando a cabo "acciones persecutorias" hacia ayuntamientos de la provincia en materia de Memoria Histórica.
En concreto, critica que el presidente de la institución provincial pacense está enviando "requerimientos" creados por "una comisión arbitraria, sectaria, socialista y política" para "acosarles, amedrentarles y amenazarle", y en los que "a su voluntad" les exige a los ayuntamientos "varios tipos de acciones respecto a la Memoria Histórica, en función del capricho que a este señor (Gallardo) se le antoje".
Con ello, según el primer edil, la Diputación de Badajoz persigue, ha dicho, "arbitrariamente" a los ayuntamientos que "no piensan como el presidente de Diputación" en materia de Memoria Histórica. "El presidente de la Diputación se erige en juez, con su comisión arbitraria, sectaria, socialista y política, para decir qué es lo que hay que quitar, y qué no", señala.
"Por ejemplo: Si te llamas "San Francisco", en honor a Francisco Franco, pero, eres ayuntamiento gobernado por un socialista (Olivenza), te permito que redefinas el nombre del pueblo para mantenerlo. Ahora bien, si te llamas Guadiana del Caudillo y tu ayuntamiento lo Gobierna uno del PP, debes cambiar el nombre del pueblo", señala Antonio Pozo en una nota de prensa.
El alcalde entiende que todo ello se produce "para acosar al ayuntamiento de turno, amedrentarlo y amenazarle con que si no quita el nombre, placa, o cuanto se le antoje a su comisión arbitraria, sectaria, socialista y política, tiene que devolver las subvenciones".
En este sentido, apunta que al Ayuntamiento de Guadiana "se le ha requerido quitar parte del nombre del pueblo ("del Caudillo"), el escudo de la fachada y la placa conmemorativa de la inauguración del mismo", una cuestión por la que según dice los servicios jurídicos del consistorio "ya están trabajando para responder al atropello, abuso y arbitrariedad del presidente de la Diputación de Badajoz".
Así, entiende que en un Estado de Derecho como el actual "no se pueden permitir acciones persecutorias como las que está llevando a cabo referido presidente (Gallardo)".
Al respecto, incide en que el de Guadiana ha sido "el primer ayuntamiento de España que aprobó el Catálogo de Vestigios, sin que se haya impugnado el mismo por ninguna administración, ni vecino alguno, dentro del plazo legal correspondiente".
Finalmente, Antonio Pozo insiste en que el Ayuntamiento de Guadiana "va a defender, primero, la voluntad del pueblo, que pidió que se mantuviera el nombre del mismo, y segundo, la legalidad".
