La Junta de Extremadura interpodrá un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto estatal para el reparto de menores migrantes, ya que a su juicio "invade competencias exclusivas" el Ejecutivo regional en materia de protección de menores.

Así lo ha anunciado la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, en rueda de prensa este miércoles tras el Consejo de Gobierno en el que se ha acordado la interposición ante el Tribunal Constitucional de este recurso contra el Real Decreto de Ley 2/2025, que establece el reparto forzoso de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas.

En su intervención, la portavoz de la Junta de Extremadura ha justificado la interposición de este recurso en que "esta normativa invade competencias exclusivas" de Ejecutivo regional en materia de protección de menores, "vulnera principios como la autonomía y la lealtad institucional", y también "recurre de forma indebida al Real Decreto Ley para afrontar una situación que, lejos de ser extraordinaria, es estructural".

Según ha señalado Bazaga, este decreto "afecta a derechos fundamentales, como la libertad o la educación, altera el régimen constitucional de las comunidades autónomas y además, no garantiza la financiación necesaria para atender a los menores trasladados".

Por tanto, se trata, a su juicio, de "una medida impuesta por el Gobierno central de manera unilateral, sin respetar los principios de cooperación y solidaridad que deben regir en el Estado autonómico", ha concluido.



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