La implementación de este indicador en España se está abordando de forma coordinada a través de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, órgano técnico de cooperación del Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales. 

El Proyecto ELI es un estándar europeo de identificación y descripción de la normativa publicada en los diarios y las bases de datos oficiales, que permite acceder online a la legislación en un formato normalizado, de manera que pueda localizarse, intercambiarse y reutilizarse por encima de las fronteras. Promueve la interoperabilidad de los sistemas jurídicos, facilitando así la cooperación de las administraciones nacionales en el ámbito jurídico y contribuyendo a la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. También ayuda a los ciudadanos y a los profesionales del Derecho a buscar legislación de distintos sistemas jurídicos de forma más eficiente.

Benavides destacó entre los objetivos cumplidos cuando pronto acabará esta legislatura la plena implantación de la administración digital. Los trabajos comenzaron en el año 2017 “y a día de hoy podemos afirmar que el 100% de las instituciones se relacionan electrónicamente con este servicio”. 

Afirmó que, debido a la creciente calidad del servicio prestado por el BOP, se sigue trabajando para implantar en el futuro inmediato un modelo de calidad que aporte valor a la actividad desarrollada tanto a nivel interno como externo.

Por último, anunció una remodelación completa en las instalaciones con el fin del ahorro energético y una renovación del mobiliario.

El presupuesto para el BOP en 2023 asciende a 482.500 euros.