La operación comenzó cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de Badajoz tuvieron información de que en las proximidades de Torremejía se estarían construyendo diferentes balsas para almacenamiento de productos residuales de almazara.

Así, y al tener los investigadores sospechas de que se podría estar utilizando de forma indebida gasóleo a tipo reducido (gasóleo B) como carburante, se llevaron a cabo indagaciones que permitieron determinar el lugar donde se estaba realizando la construcción.

Una vez localizada la obra, se realizaron diferentes visitas a la zona afectada con el fin de determinar las empresas y maquinaria que, siendo susceptibles de utilizar de forma indebida gasóleo bonificado, estarían realizando los trabajos.

Con los datos adquiridos y los datos en posesión de la administración, se pudo determinar la maquinaria empleada y sus titulares, así como la empresa suministradora de gasóleos en la obra, la cantidad y el tipo de producto suministrado, ha informado en nota de prensa la Agencia Tributaria.

La maquinaria utilizada en la obra consistía en siete tractores de los utilizados en la agricultura, una retroexcavadora giratoria de cadenas y una retroexcavadora mixta.

Con la información adquirida, el pasado 17 de noviembre se desarrolló la explotación de la operación, donde los investigadores realizaron las labores de identificación de la distinta maquinaria, la comprobación del carburante y la extracción de muestras cuando se consideró un posible uso indebido del gasóleo bonificado.

Todo ello fue plasmado en diligencias que fueron remitidas, junto con las muestras, a la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en Badajoz.

Como resultado de las actuaciones se han iniciado expedientes sancionadores de la Ley de Impuestos Especiales por uso indebido de gasóleo en seis vehículos con potencia fiscal comprendida entre 25 y 50 CV, lo que supone una sanción de 43.200 euros (7.200 euros por vehículo), y en un vehículo con potencia fiscal comprendida entre 10 y 25 CV de potencia fiscal, lo que supone una sanción de 3.600 euros. Todo ello arroja un total de 46.800 euros de sanción.