El Gobierno de la ciudad de Mérida exige “el alto al fuego inmediato y sostenido entre Israel y Hamás para proteger la vida de la población civil de la Franja de Gaza y garantizar la entrada de ayuda humanitaria y el reparto seguro de suministros vitales”.

La Junta de Gobierno Local celebrada hoy ha aprobado la propuesta de posicionamiento del Gobierno de la ciudad de Mérida sobre la “gravísima” situación humanitaria en la Franja de Gaza. Como señala el portavoz, Julio César Fuster, “hace más de un año que somos testigos de un grado inconcebible de muerte y destrucción en la Franja de Gaza ocupada, tras el brutal ataque de Israel contra la población palestina de Gaza, que ha matado a decenas de miles de personas, destruido infraestructuras críticas y desplazado forzosamente a más del 90% de la población gazatí, causando una catástrofe humanitaria sin precedentes”.

Estas medidas aprobadas, que deben ser notificadas al Gobierno de España y a la organización Amnistía Internacional, son: el “alto al fuego inmediato y sostenido entre Israel y Hamás, encaminado a proteger la vida de la población civil en Gaza, así como garantizar la entrada segura de ayuda humanitaria asegurando el reparto seguro de suministros vitales como refugios, suministros médicos, agua y combustible; así como, que las autoridades israelíes dejen inmediatamente de cometer actos prohibidos en la Convención sobre el Genocidio contra la población palestina de Gaza”.

El Gobierno de Mérida también ha aprobado que “las autoridades israelíes faciliten con urgencia el acceso humanitario y la entrega de ayuda a Gaza, levantando el bloqueo inhumano e ilegal, poniendo fin a la ocupación ilegal del territorio palestino”, y la “liberación inmediata” de los civiles israelíes y extranjeros retenidos como rehenes por parte de Hamás y otros grupos armados en Gaza, puesto que “ni lo uno ni lo otro puede estar supeditado al resultado de las negociaciones políticas sobre la siguiente fase de la tregua”, ha aseverado el portavoz.

Además, la propuesta de posicionamiento aprobada incluye también medidas dirigidas a la Unión Europea para que “evite correr el riesgo de ser cómplice de actos de genocidio en Gaza y utilizar su poder, influencia y poder en favor de los derechos humanos, la justicia y la rendición de cuentas, garantizando el respeto a los Convenios de Ginebra, que exige, como mínimo, que todos los Estados suspendan las transferencias de armas a las partes en el conflicto, cooperen para garantizar la rendición de cuentas por violaciones del derecho internacional y apoyen a las instituciones y mecanismos internacionales, incluidas las investigaciones de la Corte Penal Internacional y de la Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado”.

Así como, que los Gobiernos de la Unión Europea “se opongan frontalmente a cualquier intento de establecer una presencia militar permanente en Gaza, modificar sus fronteras o deportar a la población palestina de Gaza o Cisjordania, y reconozca que este traslado forzoso es una grave infracción del Cuarto Convenio de Ginebra y constituye un crimen de guerra”.