El presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales Sánchez, ha mantenido una reunión con el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Domingo Bujalance, y con la Secretaria Coordinadora Provincial de Cáceres del Ministerio de Justicia, Pilar García.

El objeto de esta reunión ha estado relacionado con la puesta en marcha de las Oficinas de Justicia Municipales, un mandato establecido en la Ley Orgánica 1/2025, del 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que busca agilizar los procesos judiciales, reducir la carga de trabajo de los juzgados y fomentar la solución de conflictos a través de métodos alternativos.

Según ha explicado la Secretaria Coordinadora, “con esta reunión hemos querido poner en conocimiento de la Diputación el valor y la importancia que para nosotros tienen las Oficinas de Justicia del municipio y trasladarle las posibilidades de mejora, tanto de medios técnicos como de formación”, teniendo en cuenta los obstáculos o limitaciones encontradas en la fase inicial del despliegue de estas oficinas y el catálogo de funciones más globales que se van a prestar desde ellas.

Morales ha mostrado su compromiso para poner a disposición el asesoramiento y la ayuda de personal técnico de la Diputación para solventar problemas técnicos y formativos, por ejemplo, los relacionados con el manejo de programas informáticos por parte del personal funcionarial asignado por los Ayuntamientos o Jueces de Paz. Asimismo, el presidente de la Diputación Provincial ha manifestado que trasladará a alcaldes y alcaldesas la importancia de facilitar el despliegue de estas oficinas cediendo, por ejemplo, espacios adecuados para su ubicación.

Tal y como se ha mencionado, la Ley Orgánica 1/2025 establece la obligatoriedad para los ayuntamientos de crear la Oficina de Justicia en el Municipio (O.J.M.), evolucionando a partir de las actuales secretarías de los Juzgados de Paz. El objetivo principal es mejorar el acceso a la Administración de Justicia en todo el territorio, especialmente en zonas rurales con riesgo de despoblación, ampliando los servicios públicos.

La provincia de Cáceres cuenta con 30 Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, que ahora pasan a ser Oficinas de Justicia de los Municipios, y que abarcan la totalidad de los municipios cacereños. “Ahora, en esta primera fase, van a empezar los partidos judiciales de Valencia de Alcántara,  Logrosán, Trujillo, Coria y Navalmoral y para finales de año serán Cáceres y Plasencia. Y entonces, en consonancia, o a la par que el despliegue de estas oficinas judiciales de los Tribunales de Instancia, se tiene que llevar a cabo la implantación de las Oficinas de Justicia en estos municipios. Vamos a empezar por las cabeceras de las agrupaciones y en un segundo momento trabajaremos con el personal idóneo que tienen los ayuntamientos que prestan otro tipo de funciones, pero igualmente importantes para nosotros”, ha explicado Pilar García.

García ha precisado también que ya se ha empezado a trabajar con las cabeceras de las agrupaciones con distintas aplicaciones, sobre todo en la remisión de exhortos telemáticos. “Pero claro, no es la única función que van a desarrollar. A partir de este momento tienen otro tipo de funciones, como es la información a los ciudadanos sobre los procedimientos judiciales, la posibilidad de presentación de escritos, digitalización y remisión telemática a las oficinas y otro tipo de funciones que no son estrictamente del Ministerio de Justicia, como son el apoyo a las gerencias territoriales u otro tipo de administraciones públicas”.

En cuanto a las funciones de estas Oficinas de Justicia Municipales, concretamente, prestarán servicios básicos como asistencia al juez de paz, práctica de comunicaciones procesales y colaboración con el Registro Civil. Además, se ofrecerán servicios avanzados como práctica de actuaciones procesales por videoconferencia, recepción y tramitación de solicitudes de asistencia jurídica gratuita, gestión de peticiones dirigidas a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia y colaboración con las unidades de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).

De acuerdo a lo recogido en la norma, las instalaciones y medios de las O.J.M. serán responsabilidad del ayuntamiento, mientras que el Ministerio de Justicia proporcionará los sistemas y equipos informáticos. Los ayuntamientos podrán nombrar personal (funcionario o laboral) para auxiliar a los cuerpos de la Administración de Justicia.

El costo adicional que suponga para los ayuntamientos la puesta en marcha de estas oficinas, será sufragado por los Presupuestos Generales del Estado a través de subvenciones, cuya cuantía se determinará en función del número de habitantes del municipio.