El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Badajoz ha hecho un llamamiento público para visibilizar la "situación crítica" que atraviesa el colectivo en los últimos años, agravada en los últimos meses.

En concreto, se refiere a la sucesión de reformas normativas, muchas de ellas implementadas "de forma inmediata y sin una adecuada planificación", que está provocando un "colapso real en el funcionamiento diario" de sus despachos.

Esta carga normativa, lejos de ir acompañada de "medidas de acompañamiento o tiempos de adaptación razonables", ha supuesto una "presión insostenible" sobre el colectivo de Graduados Sociales, indica el colegio en una nota de prensa.

Además, las notificaciones administrativas fuera del horario laboral, como ocurre "con frecuencia" en los sistemas telemáticos actuales, suponen una "grave vulneración" del derecho fundamental a la desconexión digital y a la conciliación de la vida personal y familiar, "principios esenciales que deben regir toda relación profesional en el siglo XXI", señalan.

Uno de los episodios "más significativos" de este "colapso" ha sido la implantación del nuevo sistema de notificaciones automáticas (BNR 8/2025) relacionado con el alta y baja de trabajadores en NOTES, lo que ha generado un "nuevo punto de saturación" en los despachos profesionales.

Desde el Consejo General se ha exigido ya la "revisión y modificación urgente" de este sistema, que -de mantenerse en su configuración actual- pone en riesgo la "viabilidad operativa de muchas asesorías laborales".

Todo ello ha sido trasladado directamente a las máximas autoridades competentes, entre ellas a la ministra de Trabajo, al secretario de Estado de la Seguridad Social y al director general de la Tesorería.

Además, cabe destacar que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición No de Ley con el objetivo de que las notificaciones se ajusten a horarios razonables y compatibles con los derechos laborales de quienes las reciben.

Desde el Colegio de Badajoz reafirman su "compromiso institucional" y se suman a los avances promovidos desde el Consejo General, tales como la aprobación del I Plan Estratégico de la Profesión y una nueva gobernanza participativa, que da mayor protagonismo a los colegios provinciales.

Por último, hacen un llamamiento a la sociedad, a las instituciones y a los medios de comunicación para que "comprendan y respalden esta legítima reivindicación que, no buscando privilegios ni exenciones, únicamente reclama condiciones dignas" para el ejercicio de su labor profesional, "fundamental para el funcionamiento del tejido empresarial y laboral" del país.