Gil Rosiña ha realizado esta valoración este miércoles en Mérida, después de que el Consejo de Ministros aprobara ayer martes el anteproyecto de ley que ahora deberá seguir su tramitación.

La titular de Igualdad ha destacado que “se da un paso importantísimo” a la hora de dotar a la sanidad pública de una mayor perspectiva de género y destaca el gran avance que va a suponer regular la objeción de conciencia de los médicos, un derecho fundamental e individual, y garantizar que las mujeres que tengan que interrumpir un embarazo, por decisión propia o prescripción médica, “lo puedan hacer con todas las garantías de un sistema sanitario público que las protege y les da la mejor respuesta posible”.

Entre otras cuestiones, la norma permite hablar con naturalidad de la salud menstrual de las mujeres, regula el aborto para mayores de 16 años, reconoce la baja médica para aquellas con menstruaciones muy doloras e incapacitantes así como en la semana 39 de embarazo.

Isabel Gil Rosiña ha hecho un llamamiento para no crear “debates erróneos ni falsos” puesto que los datos demuestran que la ley de plazos aprobada en 2010 no ha supuesto un aumento del número de abortos al tiempo que ha pedido que esta decisión “no se banalice como si fuera cualquier decisión”. En este sentido, ha incidido en que con esta ley se pretende garantizar que se pueda abortar en el sistema sanitario público y que la derivación a una clínica privada, como ocurre ahora, sea una excepción.

Ante preguntas de los periodistas referidas a la conocida como ‘tasa rosa’ que se ha quedado al margen de la ley, la titular de Igualad ha mostrado plena confianza en el Gobierno nacional “que sabrá encajar en otro momento esta cuestión” porque “la legislatura aún no ha terminado” y ha considerado que esta circunstancia “no puede empequeñecer una norma que trae importantes avances para las mujeres y que sitúa a España a la vanguardia de Europa y del mundo”.